Comunicado de la Comisión de Justicia y Paz
«El secreto de la Paz reside en el respeto a los derechos humanos».
Juan Pablo II, 1999
La Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia Católica de Panamá expresa su preocupación por la metodología utilizada en la aprobación de la Ley 30 de junio de 2010, que dicta medidas para promover el desarrollo sostenible de la aviación comercial, introduce reformas laborales y penales y adopta disposiciones para posibilitar la ejecución de proyectos de interés nacional.
Dicho método estuvo caracterizado por la aprobación de la Ley de manera apresurada y sin tomar en cuenta el aporte de diversas organizaciones de la sociedad civil, impidiendo una efectiva participación ciudadana en un ambiente de respeto y tolerancia, que es uno de los fundamentos del sistema democrático, cuyo objetivo supremo es el logro del bien común.
Por lo antes expuesto y por la importancia de las reformas planteadas, expresamos a la comunidad las consideraciones siguientes:
Somos conscientes de que Panamá vive una coyuntura social, política y económica que evidencia importantes cambios de crecimiento económico, pero que lamentablemente no llega a muchos panameños, que continúan viviendo bajo la línea de pobreza y en situaciones precarias, lo cual requiere con extrema urgencia medidas de ajuste social.
Consideramos urgente una política de respeto al medio ambiente, que vaya en la línea del Mensaje de la Jornada Mundial de la Paz, del 1 de enero de 2010, de Su Santidad Benedicto XVI: "Si quieres promover la Paz, protege la creación".
Los Gobiernos deben asumir la tarea de promover y garantizar una verdadera responsabilidad ecológica. No pueden aprobarse proyectos que destruyan la naturaleza, más allá de lo estrictamente necesario en función del bien común, y afectando principalmente a las poblaciones con mayor precariedad económica, sin salvaguardar sus derechos y compensaciones.
En este sentido, los Obispos Latinoamericanos han planteado claramente la necesidad de empeñar nuestros esfuerzos en la promulgación de políticas públicas y participaciones ciudadanas que garanticen la protección, conservación y restauración de la naturaleza; y a determinar medidas de monitoreo y control social sobre la aplicación en los países de los estándares ambientales internacionales.
Reconocemos que los sindicatos, las organizaciones empresariales y las organizaciones de la sociedad civil son componentes indispensables para lograr el bienestar material y la justicia social, por lo que se hacen necesarios espacios de dialogo en los que las organizaciones de los trabajadores, de los empresarios, de la sociedad civil y el Gobierno puedan debatir y acordar proyectos para la solución de los problemas nacionales.
Las leyes deben garantizar los derechos fundamentales de los trabajadores y sus organizaciones, y las reformas, salvo que se trate de situaciones abusivas, no deben lesionar los derechos que los trabajadores han logrado como resultado de años de luchas y sacrificios.
«La doctrina social reconoce la legitimidad de la huelga “cuando constituye un recurso inevitable, si no necesario, para obtener un beneficio proporcionado” (Cat. Ig. Católica 2435), después de haber constatado la ineficacia de todas las demás modalidades para superar los conflictos» […] y «debe ser siempre un método pacífico de reivindicación y de lucha por los propios derechos; resulta “moralmente inaceptable cuando va a acompañada de violencias o también cuando se lleva a cabo en función de objetivos no directamente vinculados con las condiciones del trabajo o contrarios al bien común” (Ibid 2435)» (Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, 304).
Preocupa, en particular, que, bajo la presión de la ciudadanía que reclama mayor seguridad, las medidas aprobadas para fortalecer la autoridad de los miembros de la Fuerza Pública faciliten situaciones en las que se puedan violar los derechos de las personas e, inclusive, pongan en riesgo sus vidas. Recordamos que la autoridad debe emitir leyes justas, es decir, conforme a la dignidad de la persona humana y a los dictámenes de la recta razón. «”Para tutelar el bien común, la autoridad pública tiene el derecho y el deber de conminar penas proporcionadas a la gravedad de los delitos” (Cat. Ig. Católica, 2266). El Estado tiene la doble tarea de reprimir los comportamientos lesivos de los derechos del hombre y de las reglas fundamentales de la convivencia civil, y remediar, mediante el sistema de las penas, el desorden causado por la acción delictiva» (Compendio DSI, 402).
Valoramos la urgente necesidad de buscar los mecanismos de acercamiento y diálogo para que la Ley sea revisada con la participación de todos los sectores, asegurando con ello una experiencia de convivencia pacífica y una auténtica vida democrática.
Es importante un acuerdo político sobre el contenido de esta ley, que no es la solución total a los graves problemas que aquejan a Panamá, pero por lo menos situaría al país en las condiciones institucionales de gobernabilidad democrática que serían aptas para afrontarlos, en el marco de un plan conjunto, con la participación ciudadana y con un nuevo estilo gestión política que “ponga el bien común como el principal imperativo para la construcción de nuestra sociedad”
Llamamos a todos a mantener el diálogo y la concertación como mecanismo de análisis en todos los aspectos que afectan el bien común de nuestra sociedad.
Dado en la Ciudad de Panamá a los 20 días del mes de Junio de 2010