Comunicado al país
ONGs urgen fortalecer gestión ambiental en Panamá en el Día de la Tierra
"Salvaguardar el medio ambiente. . . Es un principio rector de todo nuestro trabajo en el apoyo del desarrollo sostenible; es un componente esencial en la erradicación de la pobreza y uno de los cimientos de la paz". Kofi Annan.
Desde que la República de Panamá se unió a la Declaratoria del 22 de abril como Día de la Tierra hace 22 años, y cuya celebración fue formalizada en el Distrito de Panamá en 1990, las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) abajo firmantes damos a conocer el siguiente comunicado:
Al día de hoy Panamá enfrenta grandes riesgos ambientales y sociales ante la falta de una adecuada gestión ambiental y ante el incumplimiento de las leyes de protección del ambiente, lo que pone en peligro el rico patrimonio natural del país, en momentos en que un caótico crecimiento económico genera nuevas y múltiples presiones sobre los recursos naturales, que son la base de un verdadero desarrollo.
Panamá es un país rico en recursos hídricos, paisajes, ecosistemas, y biodiversidad; sin embargo, estos recursos no son priorizados al momento de la toma de decisiones, afectando el bienestar de la mayoría. Cumplir y hacer cumplir la normativa relativa al cuidado de los recursos naturales, y garantizar así un ambiente sano, es una obligación y un gran desafío, por lo que ya es hora de tomar acciones contundentes.
Los hechos explican la razón de la preocupación: en nuestro país casi el 30% de los suelos están degradados, hay conflictos por el uso del agua, y se ha reducido la producción pesquera según información oficial y estadística disponible. Son regulares los casos de inundaciones o de escasez de agua en los poblados y regadíos por la degradación y sobreuso de las cuencas hidrográficas y los humedales.
La pérdida de bosques se calcula oficialmente en 451,000 hectáreas entre 1992 y 2008 según datos oficiales, entre otras causas por la proliferación de la actividad forestal ilegal. Los principales ríos de la ciudad de Panamá están altamente contaminados. Alrededor de 2,300 toneladas diarias de residuos se producen en el país, y una gran parte tiene como destino final vertederos colapsados o clandestinos así como manglares, ríos, playas y mares afectando la salud humana y especies de flora y fauna a lo largo y ancho del país.
El desarrollo turístico y urbanístico mal planificado y además poco amigable con el ambiente impacta la zona costera e islas así como al medio marino, y afecta a sus poblaciones. La minería metálica a cielo abierto impone sobre el país nuevos y significativos riesgos a la población y a los ecosistemas. La pesca ilegal que persiste en áreas marinas protegidas y los conflictos de usos en el mar amenazan la seguridad alimentaria y la conservación marina a largo plazo.
A todo lo anterior expuesto se suman los riesgos como consecuencia del cambio climático.
Diversas son las instituciones que deben ser fortalecidas para el buen manejo y protección de los recursos naturales. La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), creada a través de la Ley General del Ambiente (41, del 1 julio de 1998), debe contar con las herramientas, la independencia política, y la capacidad humana y financiera para el desarrollo y cumplimiento de políticas y leyes en defensa de los recursos naturales del país. Las fiscalías con competencia ambiental deben fortalecerse para resolver con prontitud las denuncias ambientales y darles su respectivo seguimiento hasta el final del proceso.
Los municipios deben aplicar programas de protección ambiental en su entorno. Es hora de que los centros urbanos principalmente, apliquen prácticas sostenibles de manejo de los desechos a través de programas de reciclaje, reducción y reutilización de los mismos. Es clave que el sistema educativo forje ciudadanos educados en material de protección ambiental y que las instituciones del estado sean el ejemplo a seguir.
La legislación respecto a temas relacionados con la protección ambiental y bienestar humano debe actualizarse en temas como la pesca, áreas protegidas, protección de la fauna, manejo forestal, recursos hídricos, desechos sólidos, entre otros; y que las nuevas leyes que se generen incluyan salvaguardas ambientales.
En adición la Corte Suprema debe resolver la mora de un número importante de demandas por inconstitucionalidad relacionadas con el ambiente y por la falta de acceso a la información. Es imperante que los órganos judiciales coadyuven con la protección del ambiente en concordancia con la ley.
La creciente demanda de bienes y servicios que ofrecen nuestros ecosistemas, genera y seguirá generando conflictos sociales graves, como los que se dan por los derechos al agua, la tierra y los recursos biológicos. El intenso reclamo de pueblos indígenas, particularmente de los ngäbes y buglés por proteger sus recursos naturales, las disputas de tierras y los recursos maderables entre colonos e indígenas en el este de Panamá, los casos de conflictos por la tierra en zonas costeras como Juan Hombrón, Bahía Honda, Pixvae, y Santa Clara en la costa del Pacífico, muestran cómo la inadecuada gestión del territorio y la falta de planificación afectan la tranquilidad del país y ponen en riesgo la calidad de vida de las actuales y futuras generaciones.
Un alto precio ha tenido que pagar Panamá por la irreparable pérdida de vidas humanas en medio de conflictos producidos ante la falta de claridad, vigilancia y del cumplimiento y respeto de la normativa para la protección de los recursos naturales del país.
La Agenda Ambiental de Panamá 2009-2014, producida por la comunidad ambiental y concebida para aportar a la mejora de la calidad de vida de todos los panameños, respetando el derecho de personas de comunidades rurales y urbanas a un ambiente sano, contiene propuestas que están vigentes y a disposición para ser consideradas en esta administración.
Este 22 de abril, Día de la Tierra, debemos todos tener un firme propósito de actuar de manera urgente para proteger los ecosistemas y riquísima biodiversidad que tenemos, como la mayor y mejor herramienta para forjar un país con visión de futuro y de competitividad. Para ello es necesario también que el Gobierno invierta en fortalecer las instituciones con competencia en materia ambiental, principalmente las rectoras, la ANAM y la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, instituciones de vital importancia para el país.
Este llamado lo hacen los firmantes de este mensaje en momentos en que hay un pedido al unísono de las organizaciones no gubernamentales en América Latina y el Caribe, frente a foros tan importantes como la próxima Cumbre de la Tierra (Río + 20) desde las Naciones Unidas, sobre la necesidad de una gobernanza ambiental más fortalecida y de mayor acceso a la información e incidencia de la sociedad civil en las decisiones que afectan nuestro ambiente y la vida sobre el planeta.
Todo ello con el objetivo de lograr un verdadero desarrollo, para y por la gente, que permita a todos disfrutar de una saludable y larga vida.
Suscriben este comunicado las siguientes organizaciones:
Almanaque Azul
Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza
Asociación de Residentes de Quarry Heights
Centro de Incidencia Ambiental
Centro de Estudios y Acción Social Panameña
Panamá Sostenible
Sociedad Audubon Panamá
Fundación para el Desarrollo Sostenible de Panamá
Fundación para la Protección del Mar
Fundación para el Desarrollo Integral del Corregimiento de Cerro Punta
Fundación MarViva
Fondo Mundial para la Naturaleza
Conservación Internacional
The Nature Conservancy
Fondo Mundial para la Naturaleza

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